Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader comunicó este domingo nuevas disposiciones para regular el acceso a los servicios de salud pública por parte de personas en condición migratoria irregular. A partir de ahora, todo inmigrante que se encuentre en situación irregular en territorio dominicano deberá presentar documentación válida al momento de solicitar atención en los hospitales estatales.
Durante su anuncio, el mandatario explicó que además de los documentos que acrediten su permiso de residencia o situación laboral, las personas indocumentadas tendrán que asumir el costo de los servicios médicos recibidos en los centros del Servicio Nacional de Salud (SNS). “Para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, estableceremos un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria”, detalló el presidente.
Asimismo, el jefe de Estado añadió que se implementará un sistema de cobro por los servicios prestados, y aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos serán sujetos a repatriación. “Se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de cumplir con estos requisitos, el paciente será atendido, y una vez recuperado, repatriado inmediatamente”, afirmó con determinación.
Cabe destacar que, para garantizar el cumplimiento de estas medidas, el gobierno dispondrá la presencia permanente de agentes migratorios en cada centro hospitalario público. “Los derechos de los dominicanos no serán desplazados”, reiteró el mandatario, enfatizando la protección de los intereses nacionales.
Abinader también informó que en los próximos días se presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para reformar la legislación migratoria, el cual será tratado con carácter de urgencia. Estas acciones del Ejecutivo responden al creciente malestar social por la elevada presencia de haitianos en situación irregular en el país, así como por los constantes flujos migratorios a través de la frontera.
Finalmente, las medidas se anuncian en un contexto donde grupos ciudadanos, como la Antigua Orden Dominicana, han manifestado su preocupación mediante protestas, particularmente en zonas como Friusa, provincia La Altagracia, donde según denuncias, más del 90% de los residentes serían de nacionalidad haitiana, muchos de ellos en condición migratoria irregular.
