Escándalo en Sanidad Española: Hospital de Torrejón ordenó rechazar pacientes y aumentar listas de espera para mejorar rentabilidad
España.- Un informe del periódico EL PAÍS desató una fuerte controversia en el sistema sanitario español al revelar audios internos donde directivos de Ribera Salud, empresa gestora del Hospital Universitario de Torrejón, ordenan rechazar pacientes, reducir cirugías y aumentar las listas de espera para mejorar su rentabilidad financiera.
Según los audios, el entonces director general del grupo, Pablo Gallart, pidió el 25 de septiembre “desandar el camino” en la reducción de lista quirúrgica con el objetivo de alcanzar un EBITDA de 4 a 5 millones de euros. El directivo afirmó que el hospital debía evitar “actividad que nos perjudique”, en referencia a intervenciones que generan altos costos y, por tanto, “no son rentables” para la empresa. Estas prácticas habrían afectado a pacientes con patologías que requieren cirugía, sobre todo aquellos fuera del ámbito cápita asignado, lo que generó denuncias por posible vulneración del derecho a la salud.
El Hospital de Torrejón opera bajo el modelo Alzira, un sistema de concesión en el que una empresa privada gestiona un hospital público a cambio de un pago per cápita. Este modelo vuelve a estar bajo cuestionamiento tras revelarse que Ribera Salud priorizó procedimientos de menor costo para incrementar ganancias, dejando en segundo plano la atención clínica necesaria.
La ministra de Sanidad, Mónica García, reaccionó de forma contundente y calificó el caso como “una perversa colaboración público-privada”. Aseguró que el modelo aplicado en Torrejón y otros centros gestionados por grupos privados es “parásito” y perjudica directamente los derechos de los pacientes. García anunció que el Gobierno presentará a inicios de 2026 la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, que derogará la Ley 15/1997, normativa que permitió la entrada de empresas privadas en la gestión hospitalaria. “Vamos a derogar la ley que permite el modelo del Hospital de Torrejón”, aseguró la ministra, prometiendo límites estrictos al ánimo de lucro dentro de la sanidad pública. Además, informó que el Ministerio trasladará el caso a la Fiscalía para investigar un posible delito de lesiones contra pacientes.
El escándalo ha reactivado el debate sobre la privatización sanitaria en España, cuestionando si un servicio esencial como la salud puede gestionarse bajo criterios empresariales. Expertos advierten que este tipo de prácticas pueden erosionar la equidad, profundizar desigualdades, incrementar listas de espera y poner en riesgo la confianza en los hospitales públicos. Este caso se convierte así en un precedente de alto impacto que podría redefinir la regulación del sistema sanitario español en los próximos años.
Con información de saludnews
