Santo Domingo. – Un tribunal de esta provincia impuso medidas de coerción contra cuatro médicos y una alcaldesa pedánea por su presunta participación en un esquema delictivo que falsificaba actas de defunción de personas que se encontraban con vida. Las imputadas deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibido abandonar el país.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red era dirigida por Máximo Mendoza -quien cumple tres meses de prisión preventiva- y aprovechaba la vulnerabilidad económica de las víctimas. El modus operandi consistía en ofrecer préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000 a beneficiarios de programas sociales como Tarjeta Solidaridad, y cuando estos no podían pagar, declararlos falsamente como fallecidos.
«Los médicos firmaban certificados de defunción sin verificar la muerte ni examinar los cuerpos, mientras la alcaldesa avalaba residencias falsas en su comunidad», detalló la investigación. El engaño dejaba a las víctimas en un limbo legal: no podían cobrar pensiones, usar cuentas bancarias ni realizar trámites civiles.
La investigación documentó al menos siete víctimas directas y señaló al Estado dominicano como octava víctima, por el daño causado al sistema registral nacional. El tribunal declaró el caso como complejo debido a la sofisticación del esquema delictivo.
