Santo Domingo. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) valoró la aprobación de la Resolución núm. 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) como un avance significativo en la ampliación de derechos en salud, fruto de un proceso institucional que ha articulado iniciativas legislativas, evaluaciones técnicas y decisiones regulatorias orientadas al bienestar de la población afiliada.

El director general de la entidad, Elías Báez, señaló que la inclusión de la gigantomastia, la hipertrofia mamaria sintomática y la ginecomastia dentro de las coberturas del Seguro Familiar de Salud (SFS) responde a una demanda histórica que había sido planteada desde distintos escenarios del sistema.

En ese contexto, recordó que, en diciembre de 2024, el Senado de la República Dominicana aprobó una resolución mediante la cual solicitó al CNSS y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) la incorporación de la cobertura para la gigantomastia, al reconocer esta condición como un problema de salud que incide en la calidad de vida de las mujeres.

Más adelante, durante el año 2025, la SISALRIL sometió ante el CNSS una propuesta técnica fundamentada en criterios clínicos, epidemiológicos y actuariales, con el propósito de integrar estas patologías al catálogo de prestaciones del sistema, ampliando su alcance tanto para mujeres como para hombres.

«Lo que hoy se concreta mediante la Resolución 624-02 es el resultado de un proceso serio, coordinado y sustentado en evidencia, donde confluyen la voluntad legislativa, el análisis técnico y la decisión del órgano rector del sistema», expresó Báez.

La disposición establece que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deberán cubrir de forma integral las consultas médicas y psicológicas, estudios prequirúrgicos, intervenciones quirúrgicas, anestesia, honorarios profesionales y el seguimiento postoperatorio, garantizando un abordaje completo de estas condiciones.

La institución enfatizó que esta medida contribuirá a disminuir las barreras económicas que enfrentaban los afiliados, quienes en numerosos casos debían asumir directamente los costos de estos procedimientos, pese a tratarse de condiciones con impacto físico, funcional y emocional.

De igual manera, la DIDA valoró la inclusión de nuevas coberturas para el tratamiento integral de la tuberculosis, así como la incorporación de medicamentos antirretrovirales (ARV) para el VIH dentro de los Programas Especiales de Salud Pública, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema frente a enfermedades de alto impacto.

Asimismo, destacó la creación del Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP), concebido como un mecanismo innovador que permitirá garantizar la sostenibilidad en la adquisición de medicamentos esenciales.

En el ámbito de los servicios, la resolución contempla el aumento de los honorarios médicos por consultas ambulatorias, al pasar de RD$500 a RD$750, incluyendo las atenciones odontológicas, psiquiátricas y psicológicas. Además, se espera que los médicos actúen con mayor conciencia al momento de facturar diferencias a los pacientes, considerando que esta medida procura equilibrar los ingresos de los profesionales de la salud y promover mayor equidad para los afiliados.

De igual forma, la entidad resaltó la implementación del modelo de per cápita diferenciado por riesgo, el cual favorecerá una distribución más equitativa de los recursos del sistema en función del perfil de los afiliados, fortaleciendo su sostenibilidad y eficiencia.

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2025, marcando un hito en la evolución del Seguro Familiar de Salud en la República Dominicana. En ese sentido, la DIDA reiteró que se mantiene vigilante para garantizar el respeto de los derechos de los afiliados y el acceso oportuno a las nuevas prestaciones.

Finalmente, la institución felicitó al CNSS y a la SISALRIL por esta decisión, que consolida un sistema más justo, más humano y centrado en las necesidades reales de la población, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las prestaciones y garantías en favor de los afiliados.

La declaración se produce tras un conversatorio en el que varios expertos cuestionaron la transparencia y legalidad de la resolución, y consideraron necesario que sea anulada y que se convoque a una mesa de diálogo amplia con la participación de todos los actores del sistema.