Por: Eddy Manuel Díaz Tapia / Estudiante de Medicina
La salud de una nación no se mide solo por la modernidad de sus hospitales o el número de especialistas de sus centros urbanos; la verdadera salud comienza en las aceras, en la gestión y prevención de residuos; en el corazón de cada vecindario. En República Dominicana esta responsabilidad tiene un nombre y un marco legal claro: Ley del Distrito Nacional y Municipal número 176-07. Sin embargo, casi dos décadas después de su promulgación, el artículo 21 de esta ley sigue siendo un compromiso pendiente.
Esta ley establece que el 4% del presupuesto municipal debe destinarse a la educación, igualdad de género y programas básicos de salud, a pesar de este mandato, el bienestar de los municipios parece haberse perdido en la burocracia administrativa, dejando una deuda histórica que afecte directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
Históricamente el uso del presupuesto destinado para la salud en los ayuntamientos dominicanos se ha desviado hacia el asistencialismo, es común ver a los ayuntamientos destinar recursos para ayudas, recetas médicas o simplemente asistencialismo barato, a primera vista lo podemos ver como un buen acto, pero que al final solo se utilizan para responder a necesidades inmediatas y desesperadas por parte de una población vulnerable, esto no constituye una política de salud, la asistencia necesita una gestión proactiva.
Gestionar la salud desde el municipio implica entender que la medicina preventiva es la inversión más eficaz, un ayuntamiento que gestiona eficientemente no espera que el ciudadano se enferme o se vuelva vulnerable para poder ayudarlo. Por el contrario, se debe utilizar el porcentaje establecido por ley para saneamiento ambiental: garantizar eliminación de focos de contaminación y cañadas, principalmente para evitar criaderos de vectores como la Aedes aegypti, vigilancia epidemiológica local: crear mesas de salud que identifiquen brotes antes de que se convierten en epidemias y sobre todo educación ciudadana, por medio de programas sostenibles de higiene, prevención de enfermedades crónicas y nutrición que vayan directamente a los sectores.
La falta de atención municipal no sucede de forma aislada; cuenta con un impacto económico y social que la República Dominicana termina asumiendo con creces. Cuando un municipio opta por descuidar cañadas, aceras o permite que la basura se acumule, creando un foco de infección en un área, en realidad está trasladando una carga financiera al sistema de salud nacional.
Se trata de una ineficiencia evidente: cada peso que el ayuntamiento deja de gastar en programas de prevención se multiplica significativamente cuando un ciudadano llega a la sala de emergencias de un hospital regional con dengue, leptospirosis o infecciones respiratorias agudas. El aparente ahorro en la gestión local se convierte en una presión adicional para los hospitales públicos, sobrecargando las camas, agotando suministros y llevando al límite al personal médico que debe atender enfermedades que no deberían haber surgido si el entorno hubiera sido manejado de manera adecuada. Destinar o elevar ese 4% de la ley no representa un gasto, sino un mecanismo de ahorro nacional.
Para cambiar la situación en nuestras comunidades, es fundamental adoptar la idea de «Salud en Todas las Políticas», una perspectiva impulsada por entidades internacionales como la OMS. Esta perspectiva argumenta que el bienestar de la población no está únicamente ligado a los servicios de salud, sino también a las circunstancias en las que las personas nacen, crecen y viven. A nivel municipal, la regulación de mercados y mataderos locales actúa como la primera medida de protección en relación con la seguridad alimentaria, mientras que el diseño de aceras seguras va más allá de la urbanización, convirtiéndose en una estrategia de inclusión y fomento de la actividad física.
Desde esta perspectiva, el 4% del presupuesto no es solo un número fijo, sino que se convierte en un elemento integral, donde departamentos como Urbanismo y Gestión Ambiental funcionan como verdaderos promotores de la salud. Si la administración local no considera el bienestar humano como el fin principal de cada proyecto o permiso, continuará abordando su deuda histórica con soluciones superficiales en lugar de lograr un avance significativo.
