Por: Dr. César Mota /Pediatra de Emergencias y Cuidados Críticos

Más de 6,000 médicos participaron recientemente en el Examen Único para Residencias Médicas en la República Dominicana, compitiendo por menos de 2,000 plazas disponibles. La cifra impresiona y es alarmante. Sin embargo, la discusión de fondo no es la dificultad del proceso, sino lo que este fenómeno revela sobre la estructura del sistema de formación sanitaria nacional.

A primera vista, podría interpretarse como un simple déficit de cupos. No obstante, el análisis exige mayor profundidad. No se trata únicamente de un problema de competencia académica ni de exclusión; es la expresión de un sistema que ha ampliado sostenidamente la base formativa sin garantizar coherencia en la etapa de especialización ni en la posterior inserción laboral.

Cada año egresan miles de médicos generales de múltiples escuelas de medicina en el país, mientras el sistema hospitalario docente permanece prácticamente estancado en su capacidad formativa y en su financiamiento. El resultado es un embudo estructural predecible —no es casualidad—: una amplia base de ingreso con una limitada capacidad de especialización y, para quienes logran superarla, un mercado laboral con escasas oportunidades y condiciones frecuentemente deficientes.

La situación se vuelve aún más reveladora cuando se observa que, en años previos, algunas especialidades han quedado con plazas vacantes. Este dato desmonta la narrativa simplista de que “faltan plazas” y evidencia una desalineación más profunda dentro del sistema. La elección de una especialidad no ocurre en el vacío. No podemos seguir romantizando la medicina: esta decisión de vida está condicionada por expectativas financieras, estabilidad, prestigio, proyección profesional y la existencia de un entorno laboral digno, tanto para el especialista como para los pacientes

En ausencia de incentivos estratégicos sustanciales, el mercado profesional tiende a concentrarse en áreas percibidas como más rentables, mientras especialidades esenciales para el sistema sanitario —como emergencias, cuidados críticos, medicina familiar, psiquiatría o patología forense— pierden atractivo competitivo, pese a su impacto directo en la salud pública.

El problema, por tanto, no es exclusivamente cuantitativo; es fundamentalmente de planificación estratégica del talento humano en salud. Si se analiza la densidad de escuelas de medicina ajustada por población, la República Dominicana cuenta con aproximadamente 9.6 facultades por cada 10 millones de habitantes (11 escuelas en total). Aunque esta cifra no la ubica entre los países con mayor concentración en la región —Brasil, Chile, Perú y Costa Rica presentan densidades superiores— sí la sitúa en un rango intermedio-alto dentro de América Latina, comparable a países como Argentina, España, Guatemala, México y Estados Unidos cuando se ajusta por tamaño poblacional.

Este crecimiento no es un fenómeno aislado; responde a una tendencia regional de expansión de la oferta formativa médica. Sin embargo, el aumento de egresados no ha estado acompañado de una expansión proporcional en plazas de especialización ni de una planificación nacional del personal sanitario. La consecuencia es una anarquía estructural entre la producción de médicos generales y la capacidad real del sistema para absorberlos y especializarlos, por consiguiente, genera una presión acumulativa sobre el sistema de residencias.

En la práctica, el Examen Único se ha convertido en el mecanismo regulador del sistema, ya que lo demás no tienen un aporte significativo. Pero un instrumento evaluativo no puede sustituir una política nacional sanitaria integral. Sin una proyección a 10 o 15 años que articule formación universitaria, capacidad hospitalaria docente y necesidades epidemiológicas, la competencia anual seguirá aumentando mientras persisten brechas críticas en áreas necesarias.

Además, la formación de especialistas representa una inversión significativa de recursos: infraestructura hospitalaria, tiempo docente, salarios durante la residencia y costos indirectos asociados. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si realmente todas las especialidades financiadas con fondos públicos responden a prioridades sanitarias nacionales claramente definidas o si algunas obedecen más a dinámicas académicas o a intereses del mercado institucional.

La discusión, entonces, no debe centrarse únicamente en aumentar el número de plazas. Debe comenzar respondiendo preguntas más incomodas: ¿Estamos formando médicos según las necesidades sanitarias reales del país o según la lógica expansiva del mercado educativo? ¿Existe equilibrio entre oferta y demanda en el sistema público y privado de especialización? ¿Se ha debilitado solemnidad y la responsabilidad social que implica la formación médica ante una expansión no planificada?

También es imprescindible revisar el rol del médico residente dentro del sistema. ¿Es concebido como un profesional en formación con derechos académicos y laborales claramente definidos, o como una mano de obra que suple déficits estructurales del sistema asistencial? La sostenibilidad del modelo exige que el residente reciba no solo exigencia académica, sino también un entorno formativo protegido, condiciones laborales dignas y una proyección profesional apropiada. Es imperativo sinergias de políticas públicas y privadas que garantice la inserción laboral y profesional del médico residente. ¿Cuál es el sentido de tener programas de formación especializada y alto número de plazas, si al finalizar, el especialista no es sistemáticamente necesario”? La formación de un especialista no es un gasto ni un recurso barato: debe ser una inversión de alto impacto social y sanitario.

La planificación del talento humano en salud no puede depender de la presión anual de un examen competitivo. Requiere un modelo que integre al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación Superior, al sistema hospitalario docente y al sector privado bajo una visión común de Estado. Solo mediante una estrategia articulada —que combine proyección epidemiológica, planificación territorial, financiamiento sostenible e incentivos diferenciados para especialidades prioritarias— podrá corregirse el desbalance actual.

Si esta discusión no se aborda con urgencia, con rigor técnico y voluntad política, el país continuará declinando entre la sobreoferta en la base y una demanda de especialistas que el sistema parece incapaz de determinar, con implicaciones sociales, laborales y económicas que comprometen la sostenibilidad del sistema sanitario.