CMD y personal sanitario valoran protocolo del gobierno que exige documentación a extranjeros en hospitales
Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el pasado domingo que, a partir del 21 de abril, se implementará un protocolo que requerirá al personal médico de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) solicitar documentos de identidad a pacientes extranjeros y proceder al cobro por los servicios ofrecidos, sin que esto implique negación de asistencia. La medida ha sido valorada por diversos representantes del sector salud.
Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), saludó la iniciativa del Gobierno, aunque dejó claro que el rol del médico debe limitarse a brindar atención médica, sin intervenir en procesos administrativos o migratorios. «Los médicos no estamos en los hospitales para estar llenando (documentos migratorios), persiguiendo personas que sean ilegales, esas no son funciones de nosotros. La función de los médicos es la de dar y brindar salud, independientemente de que (la persona) sea legal o ilegal», expresó el galeno.
Por su parte, Luis Peña Núñez, secretario general del CMD y precandidato a la presidencia del gremio, calificó la medida como «pertinente y adecuada», considerando que los pacientes haitianos “consumen altas sumas de dinero en servicios y no son identificados ni siquiera quiénes son o dónde viven”. También señaló que, aunque la atención médica debe garantizarse, se espera una revisión de las tarifas para este grupo de pacientes.
En tanto, William Charpentier, presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, advirtió que la nueva disposición puede generar temor entre los inmigrantes haitianos, lo que podría desincentivar la búsqueda de atención médica y aumentar la mortalidad por enfermedades prevenibles. “Corremos el riesgo de que tanto inmigrantes regulares como los irregulares tengan miedo de ir a los hospitales y se pueden morir, perder su vida por el temor de ir al hospital y que los puedan deportar. A eso hay que buscarle otro mecanismo. Nosotros decimos que es en la frontera que hay que controlar”, sostuvo.
Desde la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), su presidenta Alba Reyes indicó que las acciones del Gobierno son medidas parciales, que no abordan la raíz del problema migratorio. “Falta una voluntad política real de enfrentar la migración irregular, pero, sobre todo, de enfrentar a los que se benefician de esa migración irregular», manifestó, al considerar necesarias soluciones estructurales más allá del ámbito hospitalario.
En cuanto a la presión sobre los servicios de salud, una enfermera de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia explicó que de cada 100 parturientas atendidas, solo 10 % son dominicanas. Señaló que las embarazadas haitianas presentan complicaciones que requieren más recursos, como hipertensión y preeclampsia, lo que incrementa la demanda de insumos y atenciones.
Datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) revelan que en lo que va del año 2024, el 8.13 % de las consultas en hospitales de la red pública, equivalente a 592,810 servicios, se ha destinado a pacientes de nacionalidad haitiana. Además, se reportaron 480,332 atenciones de emergencia a este grupo, lo que representa un 9.47 % del total nacional.
Las autoridades aseguran que la atención seguirá garantizada, pero una vez los pacientes estén estables, se activarán los procesos correspondientes para su repatriación, como parte de una estrategia de regulación migratoria en el sistema sanitario dominicano.
