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República Dominicana garantiza antirretrovirales, pero migrantes podrían quedar fuera del programa de VIH

República Dominicana garantiza antirretrovirales, pero migrantes podrían quedar fuera del programa de VIH
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Santo Domingo.- Desde el 2015, República Dominicana ha financiado con fondos propios la compra de medicamentos antirretrovirales para tratar a las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sin embargo, la reciente suspensión de fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) podría afectar el acceso de la población migrante, en especial haitianos, a estos tratamientos.

Dulce Almonte, presidenta de la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH (Redovih), explicó que si bien las compras nacionales garantizan el abastecimiento de fármacos, la falta de apoyo de Usaid podría afectar servicios esenciales para migrantes. “Es importante resaltar a la prensa que las personas que viven con VIH no tendrán desabastecimiento de fármacos. Todo paciente puede ir normal a recoger sus fármacos. Habra quizás cambios por ausencia de uno que otro personal que pagaba la Usaid o que daba incentivos para la población migrante y en una muy menor proporción a la GLBTQI y trabajadores sexuales”, señaló.

Almonte también advirtió que la eliminación de estos fondos implica la desaparición de pruebas de diagnóstico gratuitas para migrantes, así como la interrupción del transporte para la realización de pruebas y retiro de medicamentos. Además, la reducción del personal especializado en creole y la eliminación de consultorías podrían impactar la atención de esta población.

Riesgo para la adherencia al tratamiento

Almonte hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que implementen mecanismos que aseguren la continuidad del tratamiento de la población migrante y eviten un aumento en la prevalencia del virus. “Es importante que el gobierno revise cómo va a sustentar esa prevalencia de la población de migrantes que cubría la Usaid que tenemos en el país, ya sea fija o móvil, porque es más alta que la nuestra”, afirmó.

Asimismo, alertó que muchas personas podrían abandonar sus tratamientos por temor a ser interceptadas por las autoridades migratorias. “Al no tener las facilidades que les brinda la Usaid, como pasaje, fármacos, promotores exclusivos en su idioma, no querrán ir, incluso, por miedo a que Migración (los encuentre) camino a los centros de salud”, agregó.

Impacto en el personal de salud y sector comunitario

Otro de los efectos de la suspensión de fondos de Usaid es el posible desempleo de promotores comunitarios y personal en centros de salud. “Hay ahora mismo mucha incertidumbre en el sector comunitario porque se quedan miles sin empleos”, indicó Almonte.

Luis Alberto Cruz, presidente del Movimiento GLBTQI, también manifestó su preocupación por el destino de los programas de VIH en el país tras la salida de Usaid y pidió un mayor compromiso de las autoridades locales. “El gobierno central tendrá que comprometerse con la población que vive con VIH-Sida para que no afecte a las personas que están dentro del programa de medicamentos antirretrovirales”, puntualizó.

Advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado 29 de enero que la suspensión de los programas de distribución de medicamentos para personas con VIH en países en desarrollo pone en riesgo la vida de millones de personas. “Una repentina y prolongada detención de estos programas no permitirá una transición controlada y pone a millones de vidas en peligro”, alertó la OMS.

El fin de los programas del Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida (Pepfar), que han operado en más de 50 países, podría revertir décadas de avances en la lucha contra el VIH/Sida. Actualmente, estos programas brindan tratamiento a 20 millones de personas en el mundo, incluidos 566 mil niños.

Según la OMS, la interrupción de los programas de VIH podría desencadenar un aumento en nuevas infecciones y fallecimientos, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.

A nivel global, se estima que 40 millones de personas viven con VIH y más de 30 millones dependen de financiamiento internacional para costear su tratamiento con antirretrovirales y otros medicamentos esenciales.

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